Por Eugenio Montesino Galindo*
La historia económica del siglo XX evidenció que el libre mercado no se autorregula y ha mostrado profundas crisis de insuficiencia de demanda efectiva, donde el consumo y la inversión no son capaces de absorber la producción de bienes y servicios. Por esto, existe la necesidad de distribuir más equitativamente la renta y los recursos, a partir de impulsos externos al mercado, desde el Estado.
En ese sentido, una de las herramientas propuesta por John Maynard Keynes para abordar esa deficiente demanda y movilizar los recursos ociosos en la economía, dada su distribución regresiva por el mercado, es la inversión pública y privada. Y para que el Estado pueda invertir precisa de una eficiente y progresiva política tributaria que le permita obtener los recursos a invertir e incentivar también el consumo que, en nuestro caso, es una de las variables determinantes en el crecimiento económico.
El sector público posee una mayor visión macroeconómica e integradora del conjunto de necesidades productivas y sociales que las que visualiza el sector privado. Por esto, el Estado puede direccionar los recursos hacia sectores estratégicos para el desarrollo del país y generar mecanismos de cooperación y ayuda a estos.
Decisivas investigaciones y resultados científicos y técnicos que han sido desarrollados y financiados por el Estado –dada la magnitud y el nivel de riesgo que no los hacían atractivos para sector privado– han sido utilizados posteriormente por empresas privadas para el desarrollo de sus productos y servicios como, por ejemplo, fue el caso del desarrollo e investigación de Internet.
Los países desarrollados de Europa que aplicaron profundas políticas económicas y sociales dentro del paradigma del Estado de bienestar, inspirados en las políticas keynesianas y mediante acciones públicas proactivas de regulación, redistribución e intervención económica, lograron importantes niveles de desarrollo económico que fueron conjugados con avances sociales en materia de seguridad social, legislación laboral y protección a los sectores más vulnerables.
Este tipo de políticas intensificadas en el siglo XX también tuvieron una importante aplicación en nuestro país cuando, a partir de la década de 1930, se establecieron controles de cambio, se desarrollaron la programación económica y la participación del Estado en la producción de bienes y servicios, así como la creación del Banco Central, entre otras medidas.
Además, entre otras de las funciones que ejerce el sector público se encuentran orientar y dirigir la actividad económica, realizar obras de infraestructura que potencian a todos los sectores de la sociedad, así como también producir bienes y servicios. Para el desempeño de estas actividades, el Estado como empleador expande el nivel de empleo de la economía dando ocupación aproximadamente al 18% de la población económicamente activa. También el Estado debe procurar la justicia y el desarrollo que el libre mercado no provee.
* Eugenio Montesino Galindo es docente en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) de las materias de Economía y Actuación tributaria. Graduado de las facultades de ciencias económicas de la UBA y de la Universidad de La Habana (Diploma de honor). Máster en finanzas y especialista en mercado de capitales. Graduado del curso de administración de sector público de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación (Argentina). Desarrolla funciones en gestión y administración tributaria en la (UNQ). Ex – analista financiero del Ministerio de Finanzas de Cuba. Ex – docente de la Universidad de La Habana en la materia Matemática financiera. Publica notas sobre temas de economía y política en el diario Página12.
