Por Germán Herrera Bartis*
En los últimos seis años, la legislación argentina experimentó una serie de cambios que flexibilizaron de forma parcial el consumo y la producción de cannabis con fines específicos. En un principio, a partir de la sanción de la Ley 27350 en 2017, el cambio estuvo fundamentalmente dirigido a posibilitar, en las condiciones delimitadas por la norma, el acceso a los derivados de cannabis con fines de uso medicinal o terapéutico. Cinco años más tarde, con la sanción de la Ley 27669 en 2022, la legislación se enfocó en “el lado de la oferta”, es decir, sentó las condiciones para el surgimiento de la cadena de producción del cannabis medicinal y, como novedad, también para uso industrial.
Este ensayo analiza estas sucesivas “capas” de legislación sobre el tema (que además de las leyes mencionadas, incluye sus decretos reglamentarios y múltiples disposiciones ministeriales) que fueron moldeando el entramado de proyectos e iniciativas vinculadas al cannabis medicinal en nuestro país. Nuestra hipótesis de trabajo es que las normas que han ido dando forma al sector en la Argentina han presentado hasta aquí limitaciones e inconsistencias, con el consiguiente impacto en el desarrollo productivo sectorial y en lo referido a asegurar un adecuado acceso a la salud de la población usuaria de derivados terapéuticos del cannabis.
Vale resaltar, finalmente, que las ideas y reflexiones aquí presentadas se beneficiaron ampliamente de la información obtenida a partir de la realización entre los años 2020 y 2023 de más de treinta entrevistas en profundidad a distintos referentes claves del sector, incluyendo funcionarios y técnicos de los ministerios de Desarrollo Productivo y de Salud, autoridades gubernamentales de distintas provincias, legisladores, asociaciones cannábicas, médicos e investigadores científicos, pequeños y medianos productores, emprendedores y expertos nacionales e internacionales sobre el tema. A todas estas fuentes, nuestro sincero agradecimiento.
* Germán Herrera Bartis es Licenciado en Economía (UBA), Magíster en Políticas Públicas (UdeSA) y Doctor en Historia Económica (Universidad de Barcelona). Veinte años de experiencia en docencia e investigación universitaria (UBA, UdeSA, USAL, UNAB, UNQ, e ISEN), con múltiples publicaciones en libros y revistas especializadas en desarrollo productivo y políticas públicas. Se ha desempeñado como consultor económico para diversas instituciones. En el ámbito de la gestión pública fue Director Nacional de Promoción de Comercio e Inversiones (Ministerio de Relaciones Exteriores), Economista Jefe del Centro de Estudios para la Producción (Ministerio de Industria) y Coordinador de Estadísticas Económicas (INDEC). Actualmente es docente e investigador del Departamento de Economía y Administración de la Universidad Nacional de Quilmes.
